Mientras su promotor asegura que busca proteger a las familias frente a la delincuencia, juristas advierten que la reforma amplía los supuestos para invocar legítima defensa y prioriza la protección de la propiedad sobre el derecho a la vida y podría utilizarse contra comunidades campesinas e indígenas en conflictos territoriales.  Tegucigalpa, Honduras. – La venden como una respuesta al reclamo de seguridad de una población golpeada por la violencia y